El «modelo Bukele» cuatro años después: qué se puede replicar y qué no

Los resultados, sin adjetivos

El régimen de excepción se aprobó en marzo de 2022 tras un fin de semana con más de 80 homicidios y se ha prorrogado desde entonces mes a mes. Los datos de seguridad son inequívocos. La tasa de homicidios bajó a 1.9 por cada 100,000 habitantes en 2024 y, según el balance de InSight Crime, a 1.3 en 2025, la más baja de América Latina. Entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2026 se registraron 28 homicidios, frente a 364 en el mismo periodo de 2022: una reducción del 92.3 %. Al 10 de septiembre de 2026, el país acumulaba 216 días del año sin muertes violentas.

El costo también está documentado. Más de 85,000 personas fueron detenidas bajo el régimen; organizaciones de derechos humanos registran cientos de muertes bajo custodia del Estado; Human Rights Watch describe detenciones masivas sin garantías en su informe mundial de 2026, y Amnistía Internacional advirtió en julio de 2026 que el régimen podría constituir crímenes de lesa humanidad por tratarse de un ataque generalizado y sistemático contra población civil.

Por qué funcionó allí

La pregunta útil para el resto de la región no es si el modelo funciona, sino por qué funcionó en El Salvador. Cinco condiciones lo explican, y ninguna es exportable por decreto.

• El adversario era territorial y visible. Las pandillas —MS-13 y Barrio 18— controlaban barrios, se identificaban por tatuajes y señas, y sus miembros vivían en las comunidades que extorsionaban. Detenerlos en masa era operativamente posible.
• Su economía era la extorsión local, no el narcotráfico transnacional. Al desarticular la estructura barrial se cortó la fuente de ingreso. Un cártel que mueve cocaína hacia Estados Unidos no depende de ningún barrio.
• El país es pequeño y el Estado, centralizado: seis millones de habitantes, un solo cuerpo policial nacional y un gobierno con control del Legislativo y del sistema judicial.
• Hubo un acuerdo previo. Investigaciones periodísticas y del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos documentaron negociaciones entre el gobierno y las pandillas antes de 2022; la ruptura de ese pacto precedió a la ofensiva.
• Existía respaldo social sostenido para aceptar la suspensión de garantías, tras décadas en que las pandillas fueron la principal fuente de miedo cotidiano.

Dónde se ha intentado copiar

Honduras decretó su propio estado de excepción en diciembre de 2022 y lo ha prorrogado desde entonces; en 2025 siguió encabezando la violencia en Centroamérica con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ecuador combinó estados de excepción con un referéndum de seguridad en 2024 y cerró 2025 con el año más violento de su historia. En ambos casos el adversario es distinto: grupos vinculados al tráfico transnacional, con acceso a armas de guerra, control de cárceles y capacidad de corromper instituciones, en Estados con menor control territorial.

Qué sí puede aprovecharse

Hay elementos del caso salvadoreño que sí admiten traducción, y no son los más visibles. La recuperación del control de las cárceles, convertidas antes en centros de mando criminal. La concentración de inteligencia en las estructuras de extorsión, que son el punto de contacto entre el crimen y la economía formal. Y la medición pública y constante de resultados, que sostuvo el respaldo ciudadano. Cada una es replicable sin suspender garantías; ninguna produce resultados en semanas.

Lo que se puede copiar de El Salvador no es la excepción, sino tres decisiones ordinarias: cárceles bajo control, inteligencia sobre la extorsión y resultados medidos en público.

Para una organización que evalúa riesgo país en Centroamérica, la lectura práctica es doble. El Salvador es hoy uno de los entornos operativos más seguros de la región para personal e instalaciones, con un riesgo político y reputacional que crece a medida que la excepción se normaliza. Y en los países que anuncian replicar el modelo, el anuncio no debe leerse como reducción del riesgo: los estados de excepción cambian las reglas de operación —controles, toques de queda, despliegues militares— sin garantizar que la violencia baje.