Cárteles como organizaciones terroristas: el riesgo legal que cambió para las empresas en México

Qué se designó y qué activa

El 19 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT) a ocho grupos: los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Canadá hizo lo propio ese mismo mes. Para los grupos, en la práctica, poco cambia: ya eran perseguidos con todas las herramientas antinarcóticos. El cambio real recae sobre todo lo que los rodea.

La designación activa tres mecanismos jurídicos estadounidenses con alcance extraterritorial. El delito de apoyo material a organizaciones terroristas, que sanciona a quien provea bienes, servicios, financiamiento, transporte o infraestructura a un grupo designado, con independencia de la intención. La Ley Antiterrorista, que permite a víctimas de terrorismo internacional demandar civilmente no solo a la organización sino a terceros que le hayan brindado apoyo, con daños triplicados. Y el régimen de sanciones de la OFAC, que puede incorporar a personas y empresas a la lista SDN, con congelamiento de activos y exclusión del sistema financiero estadounidense.

Por qué alcanza a empresas que no tienen nada que ver

El umbral de riesgo se amplió a sectores enteros. No se trata solo de quien vende precursores químicos: la empresa transportista que, sin saberlo, mueve carga contaminada; el proveedor de empaques o combustible cuyo cliente resulta ser una fachada; el arrendador de una bodega; el banco regional que procesa los pagos. En una economía donde los cárteles participan en el aguacate, el limón, el huachicol, la minería y la construcción, la distancia entre una empresa legítima y un grupo designado puede ser de un solo intermediario.

La extorsión es el caso más delicado. En un entorno donde el cobro de piso afecta a negocios de todos los tamaños, cualquier pago vinculado, consciente o inconscientemente, a un cártel designado podría interpretarse como apoyo a una organización terrorista. Esto incluye pagos entregados bajo amenaza o coacción. La coacción es un argumento de defensa, no una exención automática, y tendrá que demostrarse con registros.

Lo que un programa de cumplimiento debe incorporar

• Conocimiento de contrapartes: verificación de clientes, proveedores, transportistas y arrendatarios contra las listas de la OFAC y con debida diligencia reforzada en sectores y regiones de alta penetración criminal.
• Protocolo de extorsión por escrito: nadie paga por su cuenta; toda amenaza se registra y se canaliza a un comité con asesoría legal; toda decisión queda documentada con fecha, participantes y razones.
• Cláusulas contractuales que obliguen a proveedores y socios a cumplir con la regulación de sanciones y a notificar cualquier contacto con grupos designados.
• Revisión de seguros y coberturas: muchas pólizas de secuestro y extorsión tienen exclusiones por terrorismo que hoy pueden activarse.
• Un canal de reporte protegido para que el personal informe intentos de extorsión o presiones sin temor, porque el silencio del empleado se convierte en exposición de la empresa.

Lo que viene

La designación es un instrumento de presión que Estados Unidos ha ampliado durante 2025 y 2026 a grupos de otros países de la región, y que se usa de forma combinada con sanciones financieras, aranceles y cooperación policial. Las empresas con vínculos en ese país —cuentas, socios, clientes, cotización en bolsa— deben asumir que sus operaciones en México se leen hoy con un lente adicional. La AmCham de México publicó un protocolo de empresa para orientar esa adaptación; es un buen punto de partida, no un sustituto de asesoría específica.

Los cárteles no cambiaron en febrero de 2025. Cambió el precio de estar cerca de ellos, aunque sea sin querer.